Afganistan

Afganistan ¿Una auditoría global al intervencionismo militar español?


Juan Carlos Rois

Si hace algo más de dos meses la propaganda oficial nos inundaba por todos los medios a su alcance con el panegírico del regreso de “nuestras tropas” de Afganistán, hoy nos desayunamos con la “reconquista” por parte de los talibanes de los escenarios donde por más de 20 años el ejército español formó parte, en aquel remoto lugar, del aparato de guerra capitaneado por EE. UU. y dirigido por la OTAN.

No parece, a la vista de los acontecimientos, que la operación militar de la OTAN (que ha costado más de dos billones de dólares de gasto de EE. UU. y no sabemos cuánto más por parte de sus socios bélicos) haya constituido un éxito militar ni geopolítico que digamos. 

Un somero repaso de las justificaciones, tanto de la inicial guerra desencadenada por las potencias occidentales, como de la posterior intervención y permanencia militar en suelo afgano, muestra el estrepitoso fracaso. 

Afganistán no está hoy en mejor situación, ni goza de mejores oportunidades de estarlo, que cuando se desencadenó la guerra contra los Talibán. Tampoco ha crecido nuestro nivel de solidaridad, humanidad y decencia gracias a esta intervención militar. Y, si algo ha evidenciado el paso del tiempo, es la incapacidad de las potencias miliares para resolver problemas globales mediante la injerencia militar; una injerencia que, a lo sumo, ha servido para perpetuar, cronificar, polarizar y devolver los conflictos previos al escenario de la violencia anterior, de modo que podemos decir sin temor a equivocarnos que a la previa situación de violencia estructural, cultural y directa que ya padecía la población Afgana, la injerencia militar de occidente únicamente le ha incorporado la violencia desencadena por la propia acción militar y el reforzamiento de la lógica de enfrentamiento que ya era evidente sin necesidad de nuestra colaboración. 

Es obvio que EE. UU. y sus aliados han perdido tanto la paz que pretendían imponer como la guerra que desencadenaron, por lo que han abandonado a su suerte a la castigada población afgana, aunque siempre hay voces tercas que pretenden seguir apoyando al gobierno afgano desde el marco de la OTAN, como nuestra ministra de defensa, que así se ha pronunciado tras la toma por parte de la facción talibán de las ciudades de Kunduz, Sar e Pul y Taluqa.

  1. ¿Y España qué?

Pero centrémonos en la intervención española.

Conforme a la información oficial, más de 27.000 militares españoles, realizando más de 28.000 patrullas y 1.400 misiones de desactivación de explosivos, y enseñando el arte de la guerra a un ejército afgano (que ahora deserta en masa), tras diecinueve años y cuatro meses, con 102 fallecidos (es decir, fallecidos de los nuestros) han sido el enorme balance de la misión más larga, más costosa y con más sufrimiento propio (102 fallecidos) que ha desarrollado España a lo largo de su ya dilatada experiencia como país interviniente en operaciones militares en el exterior, eso que antes se llamaba guerras.

¿Han oído por una casualidad cuánto esfuerzo económico ha supuesto este intervencionismo “Made in Spain” en Afganistán?, ¿les han informado de las bajas “colaterales” que ha provocado entre los propios y ajenos, incluyendo población civil, agentes colaboracionistas y/o pagados por nuestras tropas, enemigos, etcétera?, ¿algo el daño medioambiental que hemos participado en llevar a Afganistán?, ¿o de las empresas españolas adjudicatarias de proyectos y actuaciones y sus comportamientos? ¿Tal vez del impacto de género o en los objetivos de desarrollo que ayudó a consolidar nuestra intervención? ¿Quizás han tenido ocasión de conocer el dinero que, fuera del expresamente dispuesto para las operaciones militares en Afganistán, se ha gastado España en los fondos de reconstrucción, o en su acción de cooperación internacional o en cualquier otro formato en dicha zona? ¿Saben si el dinero asignado para operaciones militares en Afganistán se ha empleado para lo que se supone que se debía destinar, si ha habido despilfarro o partida injustificadas, si, como dice la rumorología, ha sido aplicado a partidas deficitarias del presupuesto de defensa aprovechando la falta de control de estos fondos? ¿Se tiene constancia de algún tipo de auditoría o intervención de la justificación de dicho gasto? ¿Se conoce la cifra que se ha llevado cada militar interviniente en estas operaciones por dietas o complementos vinculados a su participación en el conflicto, cifra ajena al sueldo mensual que, como se sabe, sale del capítulo de personal del Ministerio de Defensa y que no se computa específicamente como gasto destinado a la operación militar en Afganistán? ¿Conocemos lo que se ha destinado a Guardia Civil y policía y de qué partidas ha salido? ¿Sabemos si la guerra ha supuesto negocio para los “intereses” de España? ¿Se ha efectuado algún tipo de evaluación con base a indicadores que estudien el grado de cumplimiento de los objetivos que justificaron la intervención en el conflicto? 

Dado el papel ejemplar de la intervención militar española en Afganistán, ¿no nos merecemos ahora que todo ha acabado una auditoría de esta y de sus éxitos y fracasos?

  1. Razones para una auditoría.

¿No sería oportuno que el Tribunal de Cuentas, como ha hecho con tantas otras instituciones y actividades, audite las cuentas de la intervención en Afganistán?, ¿No sería igualmente ideal que la IGAE haga lo propio? ¿No debería evaluarse con indicadores sólidos y justos dicha intervención al modo en que la cooperación internacional es evaluada constantemente por las oficinas públicas encargadas de gestionar la ayuda al desarrollo o por criterios objetivos por medio de universidades y otros institutos especializados e imparciales?

Nos la merecemos por múltiples razones y más allá de conocer el número de efectivos y la demás fanfarria que forma parte del discurso oficial. 

Primero, porque es necesario conocer y auditar de forma transparente el destino de fondos que, dicho sea de paso, no se nos ha aclarado siquiera en qué cuantía nos hemos gastado (para botón de muestra, El País, en información de 5 de julio (https://elpais.com/espana/2021-05-07/espana-repatriara-el-dia-13-a-sus-ultimas-tropas-en-afganistan.html) afirma que han sido unos 3.500 millones de euros, pero el mismo periódico en julio de 2017 (https://elpais.com/politica/2017/07/16/actualidad/1500220527_556489.html) afirmaba que ya llevábamos gastados hasta 2015, fecha en que cambió el contenido de la  misión, más de 3.700 millones de euros, a los que habría que sumar lo gastado en Afganistán a partir de 2016.

Segundo, porque, dado el resultado tanto de la presencia militar de la OTAN (nosotros entre ellos) en Afganistán y el derrumbe del gobierno y del aparto estatal soportado gracias a la intervención militar, merece la pena reflexionar sobre el sentido de este tipo de operaciones y del propio intervencionismo militar como metodología de intervención en conflictos.

Tercero, porque si se trata de una “operación” prototipo, referente, para España, nos permitirá conocer el uso del esfuerzo público a este tipo de actuaciones y sobre la propia presencia de España en el exterior. ¿Es esta la manera en que queremos estar presentes en el mundo?

  1.  ¿Quién y cómo? 

De modo que nos merecemos una verdadera auditoría global de la intervención de España en Afganistán y, si cabe, una reflexión profunda sobre la presencia de España en el mundo y su modelo de intervención en los problemas y conflictos globales.

Bien mirado, necesitamos no uno, sino varios planos de análisis de la presencia española en Afganistán, planos que van desde el puramente auditor de las cuentas y de su coherencia, hasta el político y social, que trasciende a la pretensión de verificar el correcto empleo de los fondos públicos.

Por ello se necesita profundizar en diferentes instancias y en diferentes contenidos del análisis a realizar.

  1. Una fiscalización de las cuentas

El Tribunal de Cuentas fiscalizó en su día los ejercicios 1996 a 1998 respecto de “los gastos derivados de la participación de las fuerzas armadas españolas en operaciones de    paz de organizaciones internacionales”(informe564 (https://www.tcu.es/repositorio/16e7a65c-3d57-4aaa-b331-e0c00b21660c/564%20FFAA%20Operaciones%20Paz.pdf). 

Es un informe incompleto, como el propio Tribunal r econoce, porque, entre otras cosas, la información proporcionada fue insuficiente e incorrecta y porque “no se pudo cuantificar el importe de los pagos reembolsables derivados de los gastos de manutención y alojamiento del personal del Ejército de Tierra destinado en Cuarteles Multinacionales” y porque “los criterios utilizados por el Ejército del Aire para la determinación de los costes de mantenimiento y reparaciones de aeronaves no permiten pronunciarse con garantías suficientes sobre el importe de las obligaciones reconocidas por estos conceptos”, destacándose en el mismo las incongruencias del gasto, la falta de rigor y realismo de los presupuestos diseñados y su posterior ejecución y liquidación, etcétera.

Otro informe (943) del mismo Tribunal de Cuentas, referido a los ejercicios 2008-2009 (https://www.tcu.es/repositorio/6b2c581a-ce6b-4a3c-a8fb-cfd72fb66c03/I943.pdf), destaca similares incorrecciones contables e incongruencias en el control de este tipo de gasto y proponen, de nuevo, medidas correctoras que no han acabado de materializarse.

Desde luego, una fiscalización integral del gasto aparece como una exigencia y debe abordar aspectos como:

La comprobación íntegra de la liquidación de dicho gasto

La sujeción a la legalidad de este y la sujeción a los criterios normativos y técnicos sobre la gestión del gasto público.

La detección, en su caso, de despilfarro y otras deficiencias de gestión de estos fondos.

La idoneidad de los mecanismos de control de dicho gasto y los mecanismos correctores que sean menester.

La detección, en su caso, de partidas imputadas a eta operación que se hayan destinado a otros gatos distintos a la operación militar.

Dicha fiscalización deberá igualmente incluir cualquier otra partida, provenga de donde provenga, que se haya aplicado a sostener el esfuerzo de participación española en Afganistán, particularmente:

  1. Los fondos destinados a Afganistán por parte de la cooperación internacional, de los que sólo en el período 2001-2014 España se ha gastado 526 millones de euros 
  2. Los fondos comprometidos en las conferencias de donantes de Londres de 2006 (150 millones de euros), La haya de 2009 (60 millones de euros) y Londres 2010 (10 millones de euros).
  3. Las cantidades abonadas por las misiones de policía de la UE en Afganistán de las que España ha participado (misiones de las que por cierto existe un Informe del Tribunal de Cuentas Europeo                             –https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_07/SR_EUPOL_AFGHANISTAN_ES.pdf–  en el que se destaca que la participación de estas policías ha sido manifiestamente mejorable, ha obtenido resultados “dispares” y se ha desempeñado con deficiencias contables y de control significativas.
  4. En su caso, y por si se han empleado partidas para Afganistán, los fondos destinados a operaciones de paz que financia el Ministerio de Asuntos Exteriores.

No es suficiente con poner luz y taquígrafos al gasto y su control, porque el gasto puede ser correcto en su aplicación, pero ineficaz en cuanto al cumplimiento de los objetivos que lo justificaron.

  1.  Un análisis de resultados.

En el caso de la intervención en Afganistán, desde el inicio en 2002 de la guerra desencadenada por el trío calaveras de las azores con el enfático nombre de “libertad duradera” (lo que incluyó la utilización del buque de aprovisionamiento de combate Patiño y las fragatas Numancia y Santa María, aviones de transporte C-130 Hércules del Ala 31, en el destacamento Géminis de Kirguistán; helicópteros y asistencia sanitaria, prestada por la Unidad Médica de Apoyo al Despliegue (UMAD) del Ejército del Aire y  atenciones hospitalarias en el Spanish Hospital de la UMAD de más de 1.800 miembros de la coalición internacional y 10.800 civiles afganos) las justificaciones de fondo de nuestra participación han sido las de acabar con el terrorismo talibán, llevar paz y prosperidad a Afganistán y restituir y consolidar los derechos humanos de la población.

De este modo, me parece más que justificado que sea desde parámetros tan altisonantes desde los que también se juzgue el impacto de nuestra intervención militar en Afganistán sin ahorrarnos ni criticas necesarias ni asunción de responsabilidades personales y colectivas ante nuestra sociedad y ante los afganos y afganas perjudicados por nuestro activismo militar desenfrenado.

En mi criterio, este tipo de análisis corresponde por una parte a técnicos capacitados y con arreglo a los parámetros exigentes que se emplean para valorar la eficacia de la cooperación internacional, al estar en cierto modo estandarizados los métodos de evaluación y los indicadores de análisis.

Un análisis que, además, debe incorporar una segunda fase de valoración más política de la intervención.

Tal vez un segundo análisis que debe incorporar, indiscutiblemente, a las fueras políticas que componen nuestra pluralidad parlamentaria.

Pero, a su vez, un análisis político que debe ir más allá del propio corsé parlamentario, donde predominan los intereses del partido militarista ramificado en los diversos grupos representados, y al que deben estar llamados también el mundo académico y científico con sus aportaciones y visiones en un momento tan crítico como el presente, así como las organizaciones sociales sin voz en el parlamento, tales como las corrientes y movimientos de solidaridad con el tercer mundo, el ámbito ecologista, pacifista y feminista y el creciente cúmulo de organizaciones que aspiran a un orden alternativo. 

  1. Una auditoría global del modelo de intervención y de la seguridad y defensa.

Pero en mi opinión no se trata sólo de una valoración de eficacia desde criterios técnicos basada en indicadores objetivos y referidos a la consecución de los objetivos de desarrollo, o los altos valores de la paz, la democracia y los otros que, de forma un tanto retórica, han sido parte esencial del argumentario político que ha “justificado” la intervención militar.

Necesitamos también una valoración política y social amplia más allá de la propia intervención militar y del modo en que debemos hacernos presentes en el mundo.

A esta tercera auditoría debería estar llamada toda la sociedad, pues afecta a la propia idea de soberanía en la materia de la seguridad humana.

¿se han fijado ustedes de que en materia de seguridad y defensa nunca se propician debates sociales para definir qué queremos defender, cómo queremos hacerlo o cualquiera de las grandes preguntas de la materia? Sería impensable una reforma en otras materias sociales, educativa, sanitaria, etc. que se hiciera desde arriba y sin contar con el concurso de la sociedad y de sus organizaciones específicas, pero en materia de defensa las cosas no funcionan así y cualquier actuación se hace desde arriba y de espaldas a la sociedad.

Incluso las directivas de defensa nacional no son votadas en el parlamento, sino simplemente informadas a los parlamentarios una vez adoptadas, sin posibilidad de que éstos puedan preguntarse (tampoco seamos ingenuos con las respuestas que estos darían a juzgar por sus compromisos y actuaciones presentes) qué quieren defender, por ejemplo, o si existen alternativas para defender la seguridad humana.

Dado que el discurso oficial es que necesitamos la defensa militar porque sí, que necesitamos estar en la OTAN porque sí y que nuestro modo de estar en el mundo consiste, prioritariamente, en enviar tropas militares a diestro y siniestro porque sí, ¿no sería más correcto, a la luz del papelón que ha supuesto el intervencionismo en Afganistán, repreguntarnos cómo queremos estar en el mundo y con qué propósitos?

El debate sobre nuestro propio modo de defender la seguridad humana trasciende el mundo de los partidos y debe ser definido por la sociedad en su conjunto, pues afecta al núcleo de esa vieja idea que aún colea que llamamos soberanía,

Debería promoverse por ello un tercer núcleo de análisis centrado en los objetivos de la defensa, en los modelos y alternativas y en el modo en que queremos estar en el mundo. ¿queremos hacernos presentes mediante el envío de tropas para intervenir en los conflictos?, ¿queremos defender lo que la OTAN define como defendible? ¿A qué consideramos riesgos, o amenazas, o enemigos en su caso y cómo actuar ante ellos? ¿Podemos aspirar a una alternativa global de seguridad que “desinvente” el militarismo?

Son preguntas para las que, por cierto, la práctica de múltiples movimientos sociales ya tiene respuestas (contrastadas con su propia experiencia de acción y lucha diaria y que desmienten en el día a día el discurso de la “necesidad de la defensa armada”) mucho más creativas y eficaces que la preparación de la guerra y para las que ya contamos con más que unos pocos mimbres en el plano de las ideas y las realizaciones para poder enriquecer el debate.

Exijamos también este nivel de auditoría y prestémonos a promoverlo y a participar en el mismo.

Nos va en ello el futuro.