DEMANDA CONTRA ESPAÑA POR EL TRATO APOROFOBICO HACIA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA , EN LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL (IMV) ¿TENEMOS ALGO QUE DECIR DESDE LA NOVIOLENCIA?
Juan Carlos Rois
- Pobreza y exclusión, unos datos contables escalofriantes
- Las personas empobrecidas.
- La pobreza como interrelación sinérgica de las violencias directa, estructural y social.
- La noviolencia en la lucha contra la pobreza.
- La lucha contra la pobreza se moviliza ya desde la noviolencia.
- –Nota 1: Se adjunta artículo de El Salto: https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/un-alcance-limitado-mucho-sufrimiento-espana-debera-responder-imv-consejo-europa
- –Nota 2: ATD Cuarto Mundo-España. Rompiendo el silencio. Talleres.
Recientemente, con el apoyo de la organización internacional ATD Cuarto Mundo (uno de los agentes autorizados por el Comité Europeo de Derechos Sociales -en adelante CEDS-), órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea -en adelante CSE) se ha presentado por la Oficina Jurídica por los Derechos Sociales (organización informal constituida por personas a título particular y por organizaciones sociales de lucha contra la pobreza como Marea Básica, la plataforma RMI tu derecho, ATD Cuarto Mundo, el Observatorio de la Exclusión Social, el Foro ServSocial Madrid y otros) una reclamación colectiva ante el CEDS, demandando al reino de España por el grave incumplimiento de la CSE (el principal instrumento internacional de reconocimiento de derechos sociales de aplicación en los países del Consejo de Europa) en la ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del gobierno anunciada con pompa y boato, pero de un impacto muy negativo para la gente más empobrecida, si atendemos tanto a los informes anuales del Defensor del Pueblo, como de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de las principales redes y organizaciones de lucha contra la pobreza (EAPN España, Cáritas España entre las más destacadas) , de la doctrina jurídica especializada en esta temática o por la protesta generalizada de las organizaciones sociales y de las redes de afectados.
Como explica la página web del propio Comité, la inédita reclamación contra España “se refiere a los artículos 1 (derecho al trabajo), 7 (derecho de los niños y adolescentes a la protección), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 15 (derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, integración y participación en la vida comunitaria), 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), 17 (derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección social, jurídica y económica), 27 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y tratamiento), 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y E (no discriminación) de la Carta Social Europea Revisada”.
“ATD Quart Monde alega que determinadas disposiciones de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre de 2021, relativa al ingreso mínimo vital (LIMV), prevén toda una serie de requisitos para la concesión y mantenimiento de esta prestación en violación de las citadas disposiciones del gráfico. ATD Quart Monde se queja, en particular, de la insuficiencia de las cantidades asignadas a esta prestación, de los requisitos de edad o de residencia legal, de los plazos de asignación y de los procedimientos de revisión anual que, en ocasiones, conducen a la restitución de pagos indebidos, agravando así la situación de vulnerabilidad de las personas. ATD Cuarto Mundo considera finalmente que la LIMV y su aplicación confirman el trato discriminatorio de las personas más desfavorecidas de la sociedad”.
El texto de la demanda, que se puede enlazar pinchando aquí (https://rm.coe.int/cc241casedoc1-es/1680b05d18) se ha elaborado de forma colaborativa por un equipo integrado por activistas profesionales y personas afectadas por la aporofóbica ley del IMV, después de un proceso de talleres dirigido a grupos sociales y a personas afectadas para recabar información, obtener pruebas suficientes, empoderar a las personas afectadas en la reclamación de sus derechos y preparar las principales líneas argumentales de la demanda, con la que se pretende inicialmente conseguir la paralización de los aspectos más lesivos de la ley hasta que se adopte por el Comité una decisión de fondo, y obligar a un cambio legal respetuoso de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea, que realmente sirva a una estrategia de lucha contra la pobreza y no como una mera medida de control y gestión de la pobreza.
Una vez la demanda se acepte a trámite cabe la posibilidad de adherirse a la misma por parte de organizaciones sociales de toda índole, mediante la presentación de alegaciones dirigidas al Comité.
Estas adhesiones y alegaciones pueden reforzar la acción emprendida y pueden servir para que la agenda de lucha contra la pobreza vaya poco a poco incorporándose a las agendas transversales y compartidas de las distintas articulaciones sociales que siguen creyendo y trabajando para otro mundo posible.
La iniciativa de presentación de esta demanda me ha dado pie a una reflexión màs global sobre la pobreza y las implicaciones de su carácter de violencia visible e invisible para la lucha noviolenta contra la violencia rectora y en pro de una alternativa global de defensa social de la seguridad humana.
Pobreza y exclusión, unos datos contables escalofriantes
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2015 por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas reconoció la escala inaceptable de la pobreza en el mundo y fijó como el mayor reto mundial su erradicación, vinculando este empeño a la aplicación de políticas de desarrollo sostenible y justo que no dejara a nadie atrás y estableciendo una serie de objetivos y de medidas a adoptar.
Aunque perduran entre nosotros con una intensidad alarmante ideaciones estigmatizantes y aporofóbicas que consideran la pobreza como un asunto propio de los pobres del que desvincularnos socialmente, o que la observan como una situación culposa de las personas empobrecidas (caracterizadas como malas, viciosas, vagas, peligrosas y otras lindezas por el estilo) o como un mal irremediable e inevitable, cuando no como un efecto saludable de la ingeniería social darwinista, el hecho de que la comunidad internacional se plantee como un reto asumible la erradicación de la pobreza nos da una clara muestra de la propia naturaleza injusta y estructural del asunto, pues es técnicamente posible su erradicación y se convierte en un objetivo político al menos deseable (aunque sea con la boca chica).
Por lo que respecta a España, las estadísticas disponibles sobre pobreza y exclusión social dan cuenta de la magnitud escandalosa de la pobreza en la sociedad española y de su alarmante y demoledora extensión a pesar del crecimiento de los indicadores macroeconómicos y la aparente mejora del bienestar en la cuarta economía de la zona Euro.
Si en 2020 las estadísticas oficiales consignaban que la pobreza severa (530 euros de renta al mes) alcanzaba en España al 7% de la población (3.042.000 personas) y el porcentaje de personas en riesgo de pobreza el 26,4 (nada menos que 11.479.000 personas), los datos para el año 2023 (últimos disponibles) nos ofrecen un notable empeoramiento de la situación, con más de 3.900.000 personas en situación de pobreza severa y más de 12.700.000 en situación de riesgo, lo que quiere decir que la pobreza aumenta a pesar de las políticas públicas (¿o tal vez ayudado por ellas?) dirigidas a abordar esta.
Conforme al 14 informe sobre el Estado de la pobreza 2015-2023 publicado recientemente por la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social ) (https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2024_completo.pdf) existe una aparente normalidad y recuperación tras pasar los años convulsos del COVID. Pero, señala el informe, es una estabilización aparente porque la tasa de riesgo de pobreza y el indicador de hogares con baja intensidad de empleo se reducen solo muy ligeramente (de forma mínima si la comparamos con el tirón de la economía), y relativa porque aumenta notablemente la pobreza material y social severa (crece 1,3 puntos porcentuales; 17 %) y la pobreza cronificada de colectivos concretos y sectores de edad también concretos.
Ello es mucho mas grave por cuanto que la bolsa de pobreza y del riesgo de exclusión social se ceba también en los menores, lo que nos convierte en una sociedad con una perspectiva de futuro más injusto y, dados los aires que corren, más aporofóbico.
Si comparamos la pobreza en España con el resto de los países de la UE, tanto en números absolutos como en tasa porcentual, estamos en el cuarto lugar por la cola del ranquin, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia, incumpliendo la mayoría de las exigencias y estands internacionales exigibles para un país como este.
Es así como incumplimos, sólo por citar los más importantes de los indicadores mundiales, los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, los criterios de convergencia de la Estrategia Europea 2020 (2010), los indicadores del Pilar Europeo de Derechos Sociales, o los criterios de conformidad con la principal carta a nivel del Consejo de Europa de derechos Sociales, la Carta Social Europea.
Las cifras muestran solo la punta del iceberg del escándalo, del sufrimiento y del fracaso colectivo de una sociedad que no aborda como reto propio remover los obstáculos que estratifican y fosilizan el carácter sistémico de la pobreza entre nosotros como condición indispensable para el sostenimiento de un sistema radicalmente injusto.
Las personas empobrecidas
No son números. Son personas en toda su extensión, con su carga de afectos, sentimientos, miedos, humillaciones, sufrimiento, vulneración, enfermedades, fragilidades, esperanzas y sueños, relaciones humanas.
Son la otra cara de la moneda de nosotros mismos, el espejo en que nos reflejamos y que nos devuelve nuestra propia imagen ética y social. Precisamente la que nos define por nuestro mejor o peor fuste, pues en nuestra relación con la pobreza definimos también nuestra propia persona, nuestra sensibilidad y nuestro talante ético y político.
Llama la atención que la pobreza, sentida desde los propios empobrecidos y desde quienes hacen la experiencia de acompañamiento personal y conversión a su causa (y no de meros tribunos), resalte el “el sufrimiento resultante de la pérdida de poder causada por la privación y el maltrato y la forma en que la gente responde a ello a través de la lucha y la resistencia”.
Vivir en la pobreza significa experimentar un intenso sufrimiento físico, mental y emocional acompañado de una sensación de impotencia para hacer algo al respecto, mientras la sociedad mira para otra parte (cuando no se aprovecha de ella de uno u otro modo).
“Las vidas se acortan por el deterioro de la salud física y mental, debido a la baja calidad de la vivienda, la dieta inadecuada y las exigencias diarias de supervivencia. Muchas personas que viven en la pobreza no pueden recibir atención preventiva porque no tienen acceso a alimentos sanos o porque viven en zonas contaminadas. Tanto la desnutrición como la obesidad pueden ser frecuentes. La falta de atención médica, incluyendo la atención dental y de la vista, puede aumentar los problemas de salud. La mala salud causada por múltiples privaciones deja a las personas con cicatrices físicas y emocionales. El sufrimiento incluye pensamientos y emociones negativas que nunca desaparecen y que pueden ser agobiantes : miedo constante a lo que podría suceder, a perder recursos o bienes muy escasos, a lo que otros dirán al ser “descubiertos” como pobres ; estrés y ansiedad causados por la dificultad de lidiar con la incertidumbre ; vergüenza relacionada con las condiciones de vida y la necesidad de pedir ayuda y asistencia; la culpabilidad por no tener los recursos indispensables o no poder ofrecerlos a otras personas ; un dolor insoportable por verse separados de sus hijos ; la desesperación y el desaliento ante una situación donde se percibe que no hay una salida a la miseria. Esto puede provocar niveles de frustración, enojo, depresión y desesperanza que conducen al abandono de sí mismo o incluso al suicidio. La automedicación con drogas o alcohol se utiliza como un alivio temporal de este sufrimiento. Cuando las personas internalizan sus experiencias diarias de injusticia y deshumanización, esto socava su autoestima.
Los padres sufren, los hijos sufren y también sufren los unos por los otros. Estos sufrimientos se refuerzan mutuamente, haciendo la vida más intolerable. La intensidad del sufrimiento puede llevar a evitar el contacto con otros por miedo a ser juzgados o avergonzados, contribuyendo así al aislamiento social.”
El desempoderamiento es otra de las experiencias centrales de las personas empobrecidas, porque, como decimos, la pobreza no es una dimensión individual, sino relacional y estructural, que no puede verse desde la barrera ni desde el individualismo moral inculcado por las instituciones neoliberales y su idea iliberal de la libertad.
“La pobreza se experimenta como una falta de control. Las opciones y posibilidades de elección están limitadas y condicionadas por las circunstancias de la vida y el accionar de las instituciones.
Las personas en situación de pobreza tienen poco margen de error en las decisiones que toman porque las consecuencias de las decisiones equivocadas son muy graves. Además, aunque a menudo se acusa a las personas en situación de pobreza de tomar malas decisiones, la realidad es que con frecuencia se enfrentan a decisiones impensables en medio de opciones inaceptables. A menudo no tienen voz en las decisiones que debieran ser suyas, pues son tomadas por las personas que tienen autoridad sobre ellos.
La pobreza puede significar el sometimiento y dependencia forzada a otros, lo que resulta en una pérdida de dignidad y deshumanización. La falta de control con opciones limitadas aumenta el riesgo y puede socavar la posibilidad de salir de la pobreza, al tiempo que crea sentimientos de inseguridad y miedo”
La pobreza como interrelación sinérgica de las violencias directa, estructural y social
La pobreza es también una interrelación, un estado de cosas, transido por la violencia rectora que organiza nuestra sociedad como un sistema complejo condicionado por la dominación-violencia como lógica. Es por eso mejor hablar de empobrecidos que de pobres, pues la pobreza no se entiende sin el estado de cosas que la construye socialmente.
Así, la pobreza como relación y estado de cosas nos codetermina (a pobres y no pobres, y a cada cual en sus distintas gradaciones de pobrezas y empobrecimientos) y nos mete en un circulo vicioso de violencias visibles (las que se pueden observar) e invisibles.
Si aplicamos la óptica de las violencias analizada por Galtung y luego aplicada por Utopía Contagiosa a la causa de la noviolencia como lucha social, la pobreza pude ser analizada como violencia directa, como violencia estructural, como violencia cultural y como coordinación/sinergia de todas ellas.
Pepe Ambrona, componente en su día del Colectivo Utopía Contagiosa, ya abordó este enfoque en el trabajo “Causas y consecuencias de las desigualdades” publicado en el blog de alternativasnoviolentas.
La pobreza entendida en términos de violencia directa, estructural, cultural y sinérgica aporta una comprensión más compleja de ésta, pero, sobre todo, también de nuestro papel protagonista (activa o pasivamente) en el sostenimiento o no de ésta y en el ejercicio de las violencias que comporta.
También de las dimensiones en las que es necesario incidir simultáneamente para atacar la raíz del problema.
Merece la pena indicar que las políticas públicas que inciden en la pobreza, desde las mas inespecíficas hasta las mas concretas y específicas, también participan en cierto grado sistémico y de violencia referido.
El maltrato institucional forma parte de la experiencia vital de la gente empobrecida y es uno de los rasgos que definen el comportamiento político vigente.
Según refiere el estudio ya referido de ATD Cuarto Mundo y la Universidad de OXFORD “(las instituciones formales, públicas y privadas, conforman la experiencia negativa de la pobreza a través del discurso público y el diseño e implementación de políticas y servicios; asimismo, a través de su descuido y falta de escucha de las personas que viven en la pobreza.
Si bien algunas instituciones tienen el mandato de abordar la pobreza y mejorar la vida de las personas, con frecuencia no lo hacen. A veces esto significa vivir con las consecuencias de la incapacidad del gobierno para hacer cumplir las políticas y leyes existentes, de la distribución injusta de recursos y servicios, y de la corrupción persistente. También significa no tener acceso a la justicia y no tener voz en las decisiones tomadas por el gobierno o dentro de la sociedad civil.
Al formular las políticas, las instituciones tienden a reflejar, amplificar y moldear las actitudes discriminatorias en lugar de cuestionarlas.
Asimismo, el diseño y la implementación de políticas pueden servir para excluir a las personas en situación de pobreza, no satisfacer sus necesidades básicas y estigmatizarlas. A menudo, las personas en situación de pobreza encuentran que sus relaciones con las instituciones se caracterizan por el juzgamiento, la dominación, la obligación y el control que silencian las voces y dan lugar a la negación de los derechos, lo que las deja sin poder. Cuando las personas tratan de salir de la pobreza, no encuentran el apoyo que esperan de las instituciones diseñadas para empoderarlas.
Podemos simplificar mucho las posibles políticas públicas para atender a la pobreza dividiéndolas en dos tipologías “marco” de enfoque y pretensión diferentes y que no siempre son compatibles ni coherentes entre sí.
- Las primeras responden a la idea de “gestión” de la pobreza para que no desborde determinados límites de conflictividad social. Implica una visión estática de la pobreza como un mal que hay que minimizar, reducir o controlar y que es ilusorio tratar de erradicar. Aplica la idea de que es preciso someterla a control y gestión administrativa y social (ayudas condicionadas, toda una cohorte de agentes sociales, desde policiales a judiciales pasando por toda la retahíla de trabajadores, educadores, agentes promocionales y otros instrumentos disciplinarios, aplicando ingenierías sociales sobre los y las pobres, controles administrativos, dispositivos sociales de regulación de la vida y comportamiento de los pobres, etc.).
- La segunda orientación aspira a luchar contra la pobreza y sus causas y a erradicarla, busca cambios simultáneos en las causas y efectos directos, estructurales, culturales y sinérgicos de la pobreza. Quiere establecer medidas en todos estos planos diferentes y pretende provocar cambios sustanciales en la sociedad, no solo en los pobres. Rehúye de las políticas condicionadas y disciplinarias dirigidas hacia los empobrecidos y buscas u empoderamiento como verdaderos agentes y no como pacientes de las políticas a aplicar. Se propone adoptar una doble dinámica de quitar poder a la pobreza en los aspectos directo, estructural y cultural y empoderar alternativas de justicia social y ejercicio efectivo de derechos tomados en serio y no como mera panoplia declarativa.
Ni que decir tiene que las políticas oficiales hacia la pobreza aplicadas en España asumen en gran parte un modelo paternalista y de gestión de ésta como algo que hay que minimizar y tener lejos de la sociedad virtuosa y bienpensante y rehúye ampliamente los planteamientos que aspiran a cambios estructurales ambiciosos para erradicar la pobreza.
La noviolencia en la lucha contra la pobreza.
Si la noviolencia pretende ser una apuesta de acción colectiva (tanto de lucha social como de acción colectiva y colaborativa de puesta en práctica de nuevas experiencias de vida y de búsqueda de alternativas) que aspira a un cambio global de la sociedad y se enfoca principalmente como enfrentamiento y resistencia incondicional contra el carácter rector de la violencia y del paradigma dominación-violencia que caracteriza nuestro mundo social, no cabe duda que la lucha contra la pobreza debe formar parte sustancial de nuestro imaginario, de nuestras agendas .y de nuestros compromisos y de nuestras aspiraciones.
La pobreza forma parte esencial de la lógica violenta del sistema global y se concreta y desarrolla como acumulación de procesos de violencias directas, estructurales, culturales y de sus interrelaciones en el interior de las sociedades y en las relaciones entre los pueblos. También como de los principales motores de las guerras (o de la guerra permanente a la que asistimos) y de la injusticia social.
Si apostamos por ayudar a construir un modelo alternativo de sociedad, de resolución de conflictos y de respuesta a los mecanismos de reproducción de la dominación-violencia que actúan como un sistema complejo y perverso, la lucha contra la pobreza debería ocupar un lugar central de nuestra acción política noviolenta.
Si nos preguntamos de qué nos tenemos que defender, la pobreza y el sistema de empobrecimiento consolidado debe entenderse como una de las principales agresiones del sistema contra la vida. Una agresión de la que tenemos que defendernos. Por eso la lucha social contra la pobreza también pude definirse en términos de defensa social de la seguridad humana frente al modelo violento vigente.
La lucha contra la pobreza deberá ser, de este modo, uno de los campos de acción de la noviolencia, un campo al que debemos incorporar con respeto y en el que podemos aportar nuestras metodologías y prácticas de acción directa, resistencia, empoderamiento grupal, acciones disruptivas, y el largo elenco de prácticas del activismo noviolento.
La estrategia de lucha contra la pobreza, desde la perspectiva noviolenta, exige abandonar los dejes asistencialistas y profundizar en todos los aspectos relacionados con la lucha contra la violencia rectora y sus dimensiones directa, estructural y cultural. Siguiendo el esquema que hemos establecido para conformar el marco dinámico de lucha contra el paradigma dominación-violencia, debemos profundizar en la doble estrategia que hemos indicado en otras ocasiones de 1) quitar poder al paradigma vigente desencadenando procesos dinámicos de eliminación de trabas legales, interpersonales, económicas, etcétera, en los planos directo, estructural y cultural, trasvasando recursos desde el enfoque condicional actual de gestión de la pobreza hacia un enfoque de lucha por su erradicación e incondicional y 2) construir en paralelo nuevas práctica de interrelación y justicia social que construyan la alternativa de sociedad emancipada.
El acercamiento a las personas en situación de pobreza puede además ayudarnos a descubrir cómo la pobreza es dinámica y las personas en situación de pobreza son típicamente proactivas y no pasivas. Esto es importante recalcarlo para despejar un extendido prejuicio y evitar la tentación de suplantar la actoría política de los sujetos empobrecidos.
Los conocimientos y habilidades de las personas que viven en la pobreza rara vez son vistos, reconocidos o valorados. Tanto individual como colectivamente, a menudo se presume erróneamente que las personas en situación de pobreza son incompetentes.
El acercamiento a la realidad de la pobreza puede ayudarnos a reelaborar nuestra propia ideología y mirada sobre la realidad. Las personas pobres “sobreviven gracias a su ingenio, encontrando diferentes maneras de crear bienes o servicios más allá de lo que se espera de ellos. En contra de todo pronóstico, cumplen muchas funciones importantes, a menudo apoyando a otros y haciendo importantes contribuciones económicas y sociales. Sin embargo, la sociedad ignora estas contribuciones y las trata con indiferencia, hasta el punto de que ellos mismos pueden subestimar sus conocimientos y habilidades”
Nuestra incorporación a la lucha contra la pobreza debe ser un encuentro que nos transforme y nos haga luchar contra los procesos de empobrecimiento también en lo micro y contra nuestras “microaporofobias”.
Nuestra incorporación a la lucha contra la pobreza no debe ser solo una lucha en pro de su causa, sino, sobre todo, una lucha de ellos y ellas de la que seremos aliados en la construcción de ese nuevo sujeto político desde el protagonismo esencial de las personas empobrecidas. Aprender a adoptarnos a sus ritmos, análisis y estrategias también forma parte del proceso de inteligencia colaborativa que necesita la lucha contra la pobreza.
La resiliencia de las personas en situación de pobreza es destacable para cualquiera que nos hayamos acercado a su realidad y es un punto de partida nada despreciable en el que deberíamos ahondar para la lucha contra la pobreza desde el enfoque noviolento.
La lucha contra la pobreza se moviliza ya desde la noviolencia
La realidad es que la gente empobrecida hace de forma sutil uso de un gran elenco de acciones noviolentas para reivindicarse y luchar contra la pobreza. No es el momento ni tenemos la capacidad de consignar todas las acciones de las personas en situación de pobreza al respecto, pero podemos recordar gran parte de las movilizaciónes campesinas en Latinoamérica y Asia como luchas noviolentas contra la pobreza y la exclusión.
En el propio EE. UU.; y bajo la inspiración de Luther King, existe una movilización recurrente llamada campaña de los pobres, donde gente empobrecida “politiza” en términos de protesta social su lucha y dirige movilizaciones en distintos estados para exigir ser oídos directamente por los políticos atrincherados en sus instituciones. También realizan marchas de cientos de kilómetros para llegar a la capital federal o tejen alianzas y piden a organizaciones de todo tipo que asuman su agenda y los acompañen a conseguir sus objetivos.
Entre nosotros tuvo un impacto mediático nada despreciable la movilización por el 0´7% para ayuda al desarrollo, con las acampadas en una de las zonas emblemáticas de Madrid y el debate social que generó. Más adelante, se consiguió también en Madrid inundar las calles de la zona rica de activistas disfrazados de mendigos para visibilizar la pobreza invisibilizada y exigir un cambio.
Del mismo modo podemos entender movilizaciones de pobres desde la noviolencia algunas de las acciones disruptivas generadas entre nosotros por el Sindicato de Obreros del Campo en Andalucía o las marchas de los campamentos dignidad, o las ocupaciones de sedes bancarias o de fondos buitre, o las interposiciones para impedir desahucios u otros cientos de iniciativas que habitualmente se minorizan e invisibilizan, pero ocurren con frecuencia.
La gente en situación de pobreza no es ajena a la acción noviolenta sino enormemente receptiva a sus prácticas. Es el momento de incorporar a las luchas sociales de los movimientos y articulaciones alternativistas la perspectiva de la lucha noviolenta y de contribuir a la construcción de agendas de luchas que incorporen el protagonismo de las personas en situación de pobreza y la aspiración de la erradicación de la pobreza.
Apoyar la demanda contra el reino de España por sus malas prácticas en la que se supone su medida estrella para luchar contra la pobreza, el IMV, puede ser también una acción estratégica en esta necesaria lucha.
Nota: Foto de portada: Marta Jara. elDiario.es
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RENTA BÁSICA
Resultados limitados y mucho sufrimiento: España deberá responder por el IMV ante el Consejo de Europa
Colectivos y personas afectadas han presentado una reclamación colectiva contra la administración por infringir la Carta Social Europea por su gestión de una prestación que, denuncian múltiples actores, tiene un alcance muy inferior al prometido.
Sarah Babiker.19 JUN 2024
Cuatro años después de que se aprobara el IMV, España tendrá que responder ante el Consejo de Europa por el sufrimiento que esta medida, presentada como un salto adelante en protección social, ha infringido a las personas a las que debía ayudar. Una reclamación colectiva presentada por la Oficina Jurídica de Derechos Sociales emplaza a la institución a revisar la ley del IMV y su implementación. La iniciativa recoge la escucha y el trabajo conjunto de colectivos sociales y personas directamente afectadas por las fallas de esta prestación.La organización ATD Movimiento Cuarto Mundo Internacional, principal impulsora de la Oficina Juríridica de Derechos Sociales —de la que también forman parte colectivos como ForoServSocial, Observatorio de la Exclusión Social y Procesos de Inclusión de la Comunidad de Madrid [OEISM], o Grupo de personas afectadas por el IMV— apunta con esta demanda al incumplimiento de la Carta Social Europea, referente fundamental de derechos sociales del Consejo de Europa, al considerar que España, que ha suscrito el tratado, no está actuando conforme a este marco.
La reclamación colectiva recoge numerosas vulneraciones de derechos sociales, señalando que el IMV no solo no es una herramienta eficaz contra la pobreza, pues no llega a la gente a la que estaría destinada, sino que muchas veces empeora su situación, generándoles deudas con la administración. Recuerda la falta de accesibilidad de la ayuda, tanto por deberse hacer mediante complejos procedimientos digitales, como por el laberinto burocrático que implica la exigencia de numerosos documentos.
INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV): pesadilla antes de Navidad y una ley que no convence
La excesiva lentitud de los plazos y su incapacidad para responder con la velocidad necesaria a las situaciones de pobreza sobrevenida, son otras de las grandes problemáticas señaladas, así como la falta de armonización con las rentas mínimas garantizadas, cuyos defectos perpetúa, y que generan grandes perjuicios a las personas beneficiarias. Por último, se destaca su falta de alcance, dejando a muchas personas que tendrían derecho al subsidio desprotegidas.
Hontanares Arranz, integrante de ATD Cuarto Mundo Internacional relata a El Salto cómo surgió la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, hace ya una década, como respuesta a la vulneración sistemática de derechos de la que estaban siendo testigos, siendo una forma de afrontar desde un enfoque legal esta situación. Si bien en su concepción inicial la oficina apuntaba al derecho a la renta en general, el hecho de que la oficina fuera una iniciativa circunscrita a Madrid, les llevó a afrontar la Renta Mínima de Inserción autonómica, comprobando que las prácticas lesivas en las que se incurrían eran además similares en otros territorios.
En cuanto empezó el IMV, vimos que era en algunos sentidos similar a las rentas autonómicas y en otros sentidos iba a ser mucho peor. Lo dijimos desde el inicio, pero ya lo estamos experimentando”
Según cuenta Arranz, hay una amplia tradición en Madrid de ir en coalición con plataformas como RMI tu Derecho, tomando la Carta Social Europea como referente tras darse cuenta de que los informes que la institución emitía sobre la Protección Social en España no eran positivos, y que además la Carta brindaba la posibilidad de presentar estas reclamaciones colectivas, pudiendo tener un cierto recorrido jurídico. “Podía ser la fórmula para hacer valer lo que no habían hecho valer los informes en los 20 años en los que ya habían hablado de vulneración. Además en cuanto empezó el IMV, pues vimos que era en algunos sentidos similar a las rentas autonómicas y en otros sentidos iba a ser mucho peor. Lo dijimos desde el inicio, pero ya lo estamos experimentando”.
Tras optar por esta vía, las cosas han ido más rápido de lo esperado: “Nos ha sorprendido porque han tardado poquísimo tiempo en empezar, pensábamos que era un procedimiento más lento. Ya la semana pasada el Consejo de Europa anunció que se había puesto esta reclamación y la han publicado en su página”.
Una prestación que genera deudas impagables
Los siguientes pasos es que se admita a trámite, preguntarán al gobierno sobre lo planteado en la demanda y, a partir de esas respuestas, colectivos y afectados entrarán en la conversación, hasta que el consejo dé finalmente su conclusión, un recorrido que puede durar hasta dos años. Pero dos años es mucho tiempo para quienes están sufriendo en su cotidianeidad los efectos de esta política: “estamos teniendo una avalancha de personas desesperadas porque les vienen reclamaciones de correo genéricas que no entienden. Este fue sobre todo el compromiso más grande que tuvimos al hacer la reclamación”.
Por ello han pedido urgentemente como medida cautelar la paralización de la reclamación de la deuda por cobros indebidos, antes de que se dé todo el proceso. Hasta ahora la administración no ha actuado en un drama que afecta a miles de personas que se encuentran con que han generado sin saberlo deuda con la seguridad social, es más, se enfada Arranz, ha legislado sobre las deudas para dar un marco más garantista a las personas afectadas por otros casos, pero dejando fuera a los beneficiarios del IMV, permitiendo que les pueden quitar hasta el 70% de la prestación para cobrarse la deuda generada.
INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV): una campaña aborda el problema de los cobros indebidos que asfixia con deudas a miles de perceptores
Dada la angustia generada por los cobros indebidos, esperan que de aceptarse la medida cautelar solicitada se aplique de manera retroactiva: “lo más fuerte de todo es que miles de esas personas llegaron al IMV por tramitaciones de oficio, fue la propia administración, la que por tener una prestación por hijo a cargo, les dijo: a usted le concedemos el Ingreso Mínimo Vital en plena pandemia. Están sufriendo por una prestación que ni siquiera pidieron, eso es lo sangrante”.
Otro actor prominente en la denuncia de las limitaciones y fallas del IMV han sido los directores de servicios sociales, que enfrentan las consecuencias generadas por este subsidio en su día a día, y vienen avisando de los problemas que genera casi desde que esta medida echara a andar.
Para José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, los pagos indebidos, son la muestra más fehaciente de que no se está teniendo en cuenta a las personas a las que se dice querer proteger, algo que como trabajador social le indigna: “Vemos a miles de personas maltratadas institucionalmente para devolver esos cobros porque nadie se ha coordinado”, pues muchos son consecuencias de la falta de articulación entre el IMV y las rentas mínimas. El hecho de tener deudas con la seguridad social, además, impide a la gente afectada acceder a otras ayudas, lo que les deja en “el circuito del precipicio de la exclusión social”. Sobre cuántas personas se han visto afectadas por esta situación, no hay datos, a pesar de que se han pedido muchas veces al portal de transparencia, explica Ramírez.
Ana, del colectivo de afectados por el IMV, va recibiendo los testimonios de otras personas que, como ella, dejaron de cobrar el IMV en diciembre de 2022 y en las últimas semanas han ido recibiendo cartas exigiéndoles la devolución de cobros indebidos. Ella misma espera que le llegue una de esas misivas, por ahora tiene varios casos para señalar, todos ellos los van subiendo al blog que abrieron como colectivo: Una madre con una niña de 7 años a su cargo a la que exigen devolver más de 3.000 €, otra madre con dos hijos a la que le quitan 400€ al mes de la prestación, quedándose con 200€ durante nueve meses. Un hombre que toma un trabajo temporal, y casi dos años después se encuentra con una deuda de 6.500€.
Algo más del 12% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se benefician del IMV, menos de la mitad del objetivo inicial de alcance del gobierno. Estas personas perciben una media de 164€, 492,4€ por hogar
“Tanto papel, para nada”
Detrás de los cobros indebidos hay dos factores que lo complican todo, apunta Ana, al menos en su experiencia: el primero, que cada contrato temporal que acepte (son las únicas oportunidades laborales que le llegan) se convierte en un infierno: “Un contrato de trabajo temporal no saca a nadie de la precariedad, te saca temporalmente y después tienes doble problema porque trabajaste y superaste el límite de ingreso. Te quedas sin IMV y después, cuando vuelves al paro, estás sin trabajo, sin ingresos y con una deuda”. El segundo tiene que ver con el papeleo, en su caso, habiéndose divorciado hace más de tres décadas, todavía le piden la sentencia de divorcio y el convenio regulador de sus hijos, que treintañeros, están más que criados. Ella insiste en entregar también la documentación que muestra que nunca cobró la pensión establecida. El temor es doble: de un lado a que consideren esa supuesta pensión como ingreso, y eso le perjudique, de otro, que poco atentos a los papeles, la consideren una familia monomarental con hijos a cargo dándole una cantidad que no le corresponde, algo que implica más deuda para el futuro. La última vez que intentó entregar la sentencia en la que se determina que nunca cobró la pensión, no se la quisieron recoger. “Creo que lo voy a enviar todo al Defensor del Pueblo y que se las entienda con ellos, porque no puede ser tanto jaleo, tanto papel, para nada”.
Y es que los problemas de inicio permanecen, como recoge la reclamación colectiva en su texto, o la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en una nota de prensa publicada hace un mes, en la que constataban que solo algo más del 12% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se benefician del IMV, es decir, algo más de un millón de personas, y menos de la mitad del objetivo inicial de alcance del gobierno, allá en 2020. Además, según apuntaban, las cantidades obtenidas son modestas: una media de 164€, y de 492,4€ por hogar.
INGRESO MÍNIMO VITAL“El IMV es más de lo mismo, o peor, porque encima te deja con una deuda”
El presidente de la asociación resume en tres las problemáticas: persiste el laberinto burocrático con la consiguiente inaccesibilidad para los perfiles que la necesitan, permanecen los mismos requisitos que ya se han mostrado insalvables para mucha gente —como presentar la declaración de la renta del año anterior, o el empadronamiento histórico—, y por último, continúa la falta de coordinación con las comunidades autónomas o los ayuntamientos. “Estas tres cosas son las que hacen que en este momento el ingreso mínimo vital solo haya alcanzado el 46% del objetivo que tenía el gobierno hace cuatro años, de llegar a 850.000 familias que viven en la pobreza severa”.
Si bien las directoras y gerentes agradecen el avance que supone que la ministra de inclusión, seguridad social y migraciones, Elma Saiz, haya por fin hecho públicos los datos reales de alcance del ingreso mínimo vital frente a los datos acumulados que se aportaban antes, consideran que ha habido pocos avances. En medio del “ruido político”, valora Ramírez, “los temas relacionados con las personas vulnerables, están en un segundo nivel de preocupación y entonces, desgraciadamente, no hemos oído que haya cambios en la gestión del ingreso mínimo vital y que además estos cambios se materialicen”.
Mejorar el IMV es posible
En un informe publicado el pasado mes de febrero con el nombre “La garantía de ingresos como derecho de ciudadanía”, Intermón Oxfam y Future policy Lab estimaban que solo el 16% de las personas que podrían percibirlo accedían al IMV. Ambas entidades desvelaban las implicaciones de esto: una prestación que podría disminuir las tasas de pobreza severa en cinco puntos, se limitaba a posibilitar dos puntos de reducción, todo un potencial desperdiciado.
Emma Álvarez, de Future Policy Lab, un think tank especializado en el estudio de políticas públicas, explica cómo en el informe han prestado particular atención a la manera en la que IMV y rentas autonómicas se han articulado, con una mirada comparativa a País Vasco, Catalunya y Comunidad de Madrid. Las disparidades son amplias, como también reflejaría después la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales: allá donde la política de rentas mínimas era más garantista, como en Euskadi, el IMV ha mejorado la situación de las personas perceptoras. Sin embargo, en territorios como el madrileño, se ha aprovechado para desmantelar la RMI, dándose una política de sustitución.
“En el mercado laboral actual se cronifican situaciones de intermitencia de los ingresos de personas, que a veces tienen trabajo y a veces no. Este tipo de prestación de ninguna manera atiende a esa realidad”
El diagnóstico de este último estudio se asemeja a los demás: requisitos excluyentes, complejidad administrativa que hace que la gente que no tiene información o reciba asistencia no pueda solicitar la prestación, o que incluso piensen que no tienen derecho a cobrarla, o un periodo de cómputo de ingresos que deja fuera las situaciones de pobreza sobrevenida, son los principales lastres de la aplicación de esta normativa. “En el mercado laboral actual se cronifican situaciones de intermitencia de los ingresos de personas, que a veces tienen trabajo y a veces no. Este tipo de prestación de ninguna manera atiende a esa realidad”, explica Álvarez, remitiendo a lo que expresaba Ana, de afectados por el IMV.
Frente a esta situación, el informe realizaba unas recomendaciones que no consideran muy ambiciosas, o en todo caso “son ambiciosas en términos de que implican efectivamente un cambio de lógica dentro del IMV para que llegue a más personas y ofrezca un mayor nivel de protección, pero son propuestas más que realizables. No estamos proponiendo una renta básica universal”. Tener en cuenta los gastos corrientes o del mes anterior, a través de información de la que ya dispone la administración, o que se conceda de oficio cuando la administración detecte que se tiene derecho, son algunas de estas propuestas. Además consideran que se debe aumentar la cuantía pues “si los hogares reciben una ayuda que no les permite superar el umbral de la pobreza severa, no estamos reduciendo la pobreza”, razona Álvarez.
El archivo sobre informes, peticiones, diagnósticos, enmiendas, denuncias frente al IMV no ha cesado de crecer durante estos cuatro años, y sin embargo los cambios no acaban de llegar. ¿Por qué estas políticas quedarían en segundo plano, como afirmaba Ramírez? Álvarez tiene una hipótesis: “cuando una determinada política tiene un carácter tan marginal, existe muy poca presión social para mejorar este tipo de prestación. Porque aunque la sociedad moralmente pueda estar de acuerdo con el principio de que ninguna persona debería de estar en condiciones de pobreza severa, no es un tipo de demanda que acabe teniendo prioridad social si solamente afecta a una fracción muy pequeña de población”. Una razón, apunta, para preferir políticas universales, algo que además, facilitaría que las personas afectadas sintieran el IMV como un derecho.
Y es que la sociedad, según una encuesta sobre desigualdad de Intermón Oxfam, publicada el pasado abril, no es ajena a las desigualdades que la atraviesan: ocho de cada 10 personas de las 4.000 entrevistadas consideran que en España existen muchas desigualdades sociales, y tres de cada cuatro piensan que esa desigualdad se puede erradicar. Una desigualdad que, de nuevo, un 80% percibe como más acentuada que hace 20 años. Llama la atención que entre las medidas barajadas para acabar con la desigualdad, por parte de las personas entrevistadas, destacan el empleo de calidad, asegurar el acceso a la vivienda, o apoyar los servicios públicos, pero no se mencionan mejores políticas de protección social como el Ingreso Mínimo Vital.
Mientras se espera que la presión de los colectivos y su apuesta por la reclamación ante el Consejo de Europa pueda dar resultados, asoman nuevos gestos políticos como la afirmación el pasado lunes de la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de que se permitirá el acceso al IMV desde los 18 años —la ley sitúa ahora el mínimo en 23— y que facilitará el acceso a la ayuda entre los 23 y los 30, siendo ambas demandas defendidas desde hace tiempo por los colectivos. El anuncio es una respuesta al reciente encuentro de la ministra con el Consejo de la Juventud de España (CJE) y OXFAM, para abordar el informe que ambas entidades realizaron sobre cómo la precariedad económica se traduce en una deteriorada salud social entre la juventud.
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Nota 2: ATD Cuarto Mundo-España : movimiento de lucha por los Derechos Humanos y la erradicación de la pobreza. Desarrolla la «Campaña contra los cobros indebidos del IMV», presenta un podcast «Rompiendo el silencio» y organiza talleres de defensa frente a las reclamaciones y problemas con el IMV, con las personas afectadas.