Juan Carlos Rois
El pasado 15 de mayo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), organismo del Consejo de Europa encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea, admitió a trámite la reclamación entablada contra España por el incumplimiento de los contenidos mínimos derivados de los derechos reconocidos en dicha Carta Social en relación con la ley del Ingreso Mínimo Vital.
En otras ocasiones nos hemos ocupado desde esta web de alternativasnoviolentas de la relación de la lucha contra la pobreza con la apuesta de lucha noviolenta (puedes verlo pinchando aquí https://alternativasnoviolentas.org/2024/07/24/la-pobreza-violencia-estructural-y-politica/) o específicamente de la causa que la parte no adocenada de las organizaciones de lucha contra la pobreza estaban desplegando contra la ley del ingreso mínimo vital (puedes consultarlo aquí https://alternativasnoviolentas.org/2024/10/15/pobreza-y-desigualdad-violencia-invisibilizada-gestionar-o-erradicar/).
El comité europeo de Derechos Sociales admite la demanda contra España por la perversa ley del Ingreso Mínimo Vital.
La reclamación colectica fue elaborada por la Oficina Jurídica de Derechos Sociales (un grupo compuesto por activistas sociales y diversos colectivos y asociaciones relacionados con la lucha contra la pobreza) y fue presentada ante el Comité CEDS por el Movimiento ATD Cuarto Mundo, una de las entidades que nutre a la Oficina y que puede actuar ante el citado comité. Se puede descargar el texto de la reclamación en español aquí (https://rm.coe.int/cc241casedoc1-es/1680b05d18 ).
La reclamación colectiva denuncia el enfoque aporofóbico de la ley del ingreso mínimo vital y las nefastas consecuencias que su aplicación está provocando en la población más empobrecida, con la generación de deudas por “cobros indebidos” causados en gran parte por la propia concepción restrictiva y plagada de obstáculos que la ley establece y por la desastrosa gestión administrativa de esta prestación.
EL comité CEDS va a estudiar tanto los tradicionales incumplimientos que ya ha señalado en otras ocasiones con motivo de las legislaciones autonómicas en materia de rentas de último recurso a las personas empobrecidas (garantizar la continuidad y no interrupción de las prestaciones mientras subsista la situación de necesidad, la no imposición de restricciones por razón de la edad, la situación administrativa u otras condiciones personales o sociales, la insuficiencia de las rentas para salir de la pobreza y la no imposición de condiciones excesivas o gravosas para tener derecho a la prestación), como de los nuevos problemas que la ley del IMV añade a los anteriores, tales como las diferentes barreras de acceso a la prestación; la nefasta gestión administrativa; la lentitud del proceso tanto de concesión como de reclamación y los largos períodos a que aboca la visión burocrática y judicializadora de la ley; las diversas discriminaciones provocadas por esta normativa y que dañan de forma particularmente dura a colectivos específicos de personas empobrecidas; la penalización especial a la movilidad y a la configuración habituales de las familias empobrecidas, la concepción de la “inserción laboral” desarrollada en la ley que criminaliza a las personas en pobreza y las orienta hacia trabajos precarios y a no salir del círculo de la pobreza (tan funcional para el capitalismo de subalternos precarios propio de nuestro modelo productivo basado en el turismo y los servicios); la falta de armonización de esta prestación con las anteriores de las comunidades autonómicas (lo que ha generado una inmensa cantidad de cobros indebidos); el sistema de revisión de las condiciones para mantener la prestación y el gravísimo problema de cobros indebidos en gran parte producido por la propia concepción de la norma y por la ineficaz gestión administrativa.
Este ultimo problema, el de los cobros indebidos, y además del sufrimiento y fragilización que está provocando en tantas familias en necesidad (el defensor del pueblo hace en sus informes estimaciones catastróficas tanto del número de familias afectadas como del monto económico, superior a 500 millones de euros reclamados hasta 2024), ha sido objeto de una crítica casi unánime por parte de instituciones como el propio Defensor del Pueblo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF, los antiguos señores de negro que vinieron a imponer recortes y se escandalizan del desbarajuste de la ley del IMV, lo que da cuenta de la magnitud del problema cuando les parece abusivo hasta a estos pájaros nada sospechosos de preferencias hacia la gente pobre), la prácticamente unánime doctrina científica de ámbitos como el jurídico, el social o el sociológico, y la inmensa mayoría de las organizaciones del sector social.
Se puede descargar la admisión de la demanda aquí, pero en inglés (https://hudoc.esc.coe.int/fre/#{%22sort%22:[%22escpublicationdate%20descending%22],%22escdcidentifier%22:[%22cc-241-2024-dadmissandimmed-en%22]})
Ahora el Comité CEDS ha dado a España un plazo, hasta el 14 de agosto, para responder a la demanda.
En el mismo plazo, sindicatos, patronales y organizaciones sociales reconocidas por el CEDS pueden presentar sus alegaciones y apoyar la reclamación.
Transcurrido dicho plazo el Comité nos trasladará las respuestas para que hagamos nuevas alegaciones, tras lo que se dictará el acuerdo del comité, declarando, en su caso, la doctrina de interpretación de la Carta Social Europea respecto de la ley del IMV (y sus correlatos en las leyes autonómicas de rentas mínimas) y, eventualmente, efectuando recomendaciones de cambio legal para adecuar la ley española a los estands exigentes del propio Comité.
Dado el guirigay existente en el panorama político español, no esperamos, al menos yo no lo espero, cambios sustanciales de la norma y tampoco espero que una vez se despeje el panorama, sea quien sea quien gobierne, cambie la ley para mejor si no hay una amplia presión social y política que obligue a ello desde la sociedad.
Movilizaciones como las que en su día encabezó la lucha por el 0,7% para políticas de desarrollo, o las que encabezó el movimiento feminista para el cambio de leyes, o las llevadas a cabo por el ecologismo contra las centrales nucleares, o el pacifismo contra las guerras de antaño o el antimilitarismo con la insumisión, pueden ser precedentes ejemplares de lo que puede suponer una lucha social sostenida en el tiempo desde parámetros noviolentos.
Pero que el CEDS establezca una severa revisión de la ley servirá porque sus decisiones son invocables en los tribunales (aunque es un consuelo lento por la lentitud y complejidad de nuestra justicia, por no habar del sesgo elitista -dejémoslo ahí- de sus operadores) y porque establece al menos una línea de exigencias mínimas en las reclamaciones de un derecho a vivir para los nadie que, dice Galeano, “nada son, aunque sean”.
De hecho, para la mayoría de la gente, incluyendo en gran parte a las organizaciones sociales por otra parte de meritoria acción en otros campos, la gente empobrecida es invisible (cuando no peligrosa y estigmatizada), nada cuenta en realidad o en nada afecta a nuestras vidas o en las agendas de acción propias.
¿Cómo ha sido posible llevar (a rastras) al reino de España a este tribunal?
El gobierno se ha estado vanagloriando en los últimos tiempos de la ley del ingreso mínimo vital, porque, nos ha contado la retórica apolillada con la que se nos ha presentado como paladín de los derechos (que no se toma en serio porque los da con una mano y los quita con la otra) “no quiere dejar a nadie atrás” y con esta ley se completaba el “cuarto” pilar del estado de bienestar.
Por eso, llevar a España a rastras a un tribunal donde le dirán, eso espero, que no cumple ni siquiera con los mínimos exigibles para garantizar la dignidad de los más empobrecidos, ha sido un camino arduo y penoso en el que tuvimos que empeñarnos durante más de tres años para conseguir elaborar de forma colectiva y colaborativa la reclamación que presentamos el año pasado y que, casi un año después, ha sido admitida a tramitación.
Podíamos haber encargado a un afamado (y caro) despacho de abogados más o menos “especializado” en derechos de esta índole que elaborara una demanda y nos evitara el trabajo de recoger la vivencia de dolor y la prueba del desbarajuste. Habríamos tomado un atajo y habríamos reenfocado un problema social en una disputa de leguleyos.
Podrían los sindicatos “de clase” haber puesto su mira sobre la situación y haber presentado la demanda por sí, pues mucha de la gente empobrecida es a su vez trabajador@s frágiles y precari@s que viven en pobreza gracias al mercado laboral que tiene España. Pero los pobres también son habitualmente invisibles para los sindicatos trabajistas, no digamos si además son pactistas y corporativos.
Nosotr@s preferimos hacer un proceso algo distinto (tampoco nos quedó otro remedio): más horizontal, más compartido, más desde abajo y cuy@s protagonistas fueran, principalmente, las personas en situación de pobreza con la apabullante prueba de su maltrato y el capital político de sus deseos y sueños soñados despiertos.
Por eso comenzamos haciendo talleres tanto para explicar lo que era la Carta Social Europea y su mecanismo de reclamación, como para cruzar saberes, compartir experiencias y reflexionar en común lo que estaba pasando (un recorrido de este trabajo puede verse en YouTube( https://www.youtube.com/watch?v=snL8rlFF9dk).
Después de esto elaboramos otro tipo de talleres y herramientas para que la gente pudiera “defenderse” ante las constantes reclamaciones, resoluciones de denegación, silencios administrativos y todo tipo de maltrato institucional con el fin de que la gente que no sabe cómo actuar ni puede acudir a un abogado (que por lo general tampoco saben cómo actuar o dan la batalla por perdida a la primera de cambio porque no ven que esto es una carrera de fondo y no un esprint) se pudiera autodefender en la medida de lo posible. (puedes ver aquí alguno de los talleres efectuados de autodefensa https://www.youtube.com/watch?v=WVuoYj1Ks6k)
Tras más de un año y medio de talleres, encuentros presenciales o virtuales y reuniones con organizaciones, comenzamos a recoger pruebas concretas para presentar al Comité. Elaboramos un equipo integrado tanto por profesionales de diversos ámbitos (trabajo social, derecho, mundo académico) como por activistas y afectad@s para redactar la reclamación colectiva. Tras meses de trabajo, enmiendas y cruce de borradores, acabamos realizando el texto de la reclamación, que luego fue validada por el representante internacional de Movimiento ATD Cuarto Mundo y traducida al ingles y francés (este comité exige la presentación del material en estas lenguas) para su presentación, junto con la prueba reunida, ante el Comité.
Por el camino, el relato sobre la lucha contra la pobreza, la apropiación de la expectativa de un derecho humano a la dignidad para la gente empobrecida y la creación de una liminar identidad social y de energía política de la gente empobrecida por sus derechos se ha fortalecido con el argumentario y la reclamación contra la política aporofóbica del gobierno liberal español.
También hemos conseguido trasladar esta problemática a sectores sociales que aspiran a cambios sustanciales y que estaban, por qué no decirlo, en la inopia en esta materia o tenían una idea muy abstracta y poco realista de la lucha contra la pobreza. Hemos recibido apoyo, comprensión, solidaridad y compañía de Yayoflautas, plataformas de lucha por la vivienda y otras luchas sociales, organizaciones de familias monomarentales o de organizaciones juveniles, de articulaciones de lucha contra la desigualdad y la pobreza, de ecologistas, feministas, antimilitaristas, de luchas por la renta básica y por una economía de los comunes, del sindicalismo de aspiración transformadora, de colectivos profesionales, de movimientos de enfoque religioso, … ¡ Y que no pare!
Seguridad humana, seguridad ecológica, defensa de la vida ecodependiente en el centro.
En otras ocasiones he abordado la pobreza/riqueza (en realidad un binomio dialectico que actúa como una camisa de fuerza en nuestro sistema de dominación-violencia) desde la perspectiva de la lucha contra la violencia rectora.
Ahora quisiera referirme al mismo desde el punto de vista de la seguridad, el gran oxímoron del momento.
Precisamente cuando la retórica del nuevo keynesianismo militar nos apabulla con la idea de seguridad como eje de las políticas remilitarizadoras, conviene abordar la propia idea de seguridad y desenmascarar la trampa de que la supuesta seguridad que justifica los ejércitos, las cárceles, los mecanismos de control social y toda la parafernalia securitizadora, en realidad no hacen sino insegurizarnos y comprometer nuestra seguridad y nuestra subsistencia, escindiendo el mundo en privilegiados con prebendas a tope y a cuerpo de rey y expropiados a la fuerza y excluidos del pastel y a la propia viabilidad de la vida en el planeta.
El PNUD en su informe de 1994 acuñó el término de seguridad humana como un enfoque alternativo al de seguridad militar. Traduciendo al román paladín el alambicado lenguaje de estos organismos internacionales tan preocupados en no pisar callos, vino a decirnos que la seguridad no se garantiza con ejércitos, preparación de guerras, patrias, fronteras y demás zarabandas, sino con respeto a los derechos, garantía de necesidades básicas comunes, sostenibilidad y sustentabilidad, etc.
La Asamblea de Naciones Unidas de 2022 adoptó el “informe especial sobre seguridad humana”, que destaca como elementos principales de la inseguridad humana en el contexto del “antropoceno”, nuevo escenario global, los siguientes:
- el hambre en aumento,
- el cambio climático y sus efectos en los aspectos vitales de las personas y los pueblos,
- los desplazamientos forzosos de personas a causa de conflictos climáticos o militares,
- las consecuencias de las tecnologías digitales, particularmente relacionadas con los conflictos violentos,
- los propios conflictos violentos y militares,
- las desigualdades y el ataque a la dignidad humana,
- la violencia contra las mujeres y contra la diversidad,
- la brecha en los sistemas de salud,
El informe propone ampliar el marco de seguridad humana frente a una nueva generación de amenazas interconectadas que están surgiendo en el nuevo contexto del Antropoceno y aboga por añadir la solidaridad a las estrategias de seguridad humana basadas en la protección y el empoderamiento, y señala que por solidaridad hemos de entender “ir más allá de proteger a las personas y sus comunidades, de forma que las instituciones y las políticas consideren sistemáticamente la interdependencia entre todas las personas y entre estas y el planeta”.
Desde luego la propuesta de Naciones Unidas no es que sea tampoco para tirar cohetes en la necesaria y urgente necesidad de un cambio de rumbo radical y global, pero al menos tiene la virtud de apuntar a qué es seguridad y con ello de desenmascarar que es lo que la impide.
Naturalmente el contraste de la apuesta por una seguridad humana y ecodependiente que ponga en el centro la vida choca radicalmente con la oferta de seguridad militar en boga, que no sirve para defender nada de esto y, más bien, supone el paroxismo de la agresión por excelencia a todo ello.
Si se nos apura, nos desvela el papel de los ejércitos, el entramado militarista, las empresas militares y la banca y fondos que las financian, la investigación militar, la preparación de la guerra, los arsenales e infraestructuras militares, el gasto militar, las políticas securitizadoras y de “seguridad” interior, la geopolítica que los estados y sus poderes están desarrollando en nuestro nombre, la cultura autoritaria, negacionista, supremacista, machista, austericida, “iliberal” y violenta que se va imponiendo, el papel de todo esto y la constante preparación de la guerra, digo, juega como verdaderos enemigos de nuestra seguridad.
España lleva aprobado un gasto militar extra hasta el 17 de junio de 2025 por parte del Consejo de Ministros de más de 34.000 millones de euros, aumentando el ya de por sí espectacular aumento del gasto militar aprobado por el gobierno fuera de presupuestos desde 2023.
Este sobregasto de más de 34.000 millones implica algo más de la mitad de lo que se gasta todo el estado (incluyendo comunidades autónomas) en gasto educativo, más de un tercio del gasto sanitario del conjunto de las administraciones públicas, casi 10 veces más de lo que se ha destinado (contando con ayudas y fondos europeos) a inversiones que apoyan la transición ecológica, casi nueve veces más de lo que gasta en ayuda al desarrollo, 1,4 veces más de lo que destina a políticas de apoyo a la infancia y a las familias, más de 190 veces lo que se destina a lucha contra la violencia contra las mujeres y más de 10 veces lo que se destina al ingreso mínimo vital.
Sólo el gasto “extraordinario” aprobado durante este año para operaciones militares en el exterior (1.217 millones de euros) o lo aprobado desde el ministerio de transformación digital (888,04 millones de euros) daría para casi duplicar la inversión en transición ecológica, multiplicar por muchos dígitos la lucha contra la violencia contra las mujeres o para construir una sociedad más solidaria con otras sociedades mediante una cooperación solidaria y de paz estructural. No digamos si aplicamos a políticas de seguridad humana el equivalente a los más de 25.500 millones de euros aprobados para financiar compra de armas que no necesitamos para nada.
Si ponemos la vida en el centro, si asumimos la necesidad de una reorganización de la sociedad en torno a las ideas de ecodependencia y interdependencia y no a la acumulación y a la dominación-violencia, si pretendemos transitar hacia una economía de los iguales, limitar en el camino la brecha de riqueza estableciendo un suelo sustentable y un techo de acumulación, establecer una renta de los iguales, provocar una revolución fiscal global, desterrar el patriarcado, desmilitarizar nuestras sociedades y desterrar definitivamente el orden de la guerra y el militarismo para encontrar metodologías de defensa popular noviolenta y tantas otras apuestas que cuentan con vasos comunicantes entre sí y animan nuestras luchas comunes, no se me ocurre ninguna explicación por la que la apuesta por la erradicación de la pobreza no forme parte de este imaginario y de su traducción en las agendas concretas de los diversos movimientos sociales.
No se me ocurre ninguna razón para que l@s empobrecidos y su causa y expectativas, tan invisibilizadas en general, no formen parte explícita de la agenda antimilitarista, ecologista, decolonial, del movimiento migratorio, feminista, de la lucha contra la injusticia, campesinas, o cualquier otra, cuando las personas empobrecidas son a la vez las principales víctimas de los males que cada una de estas combaten en su lucha diaria.
No se me ocurre ninguna razón por la que la causa de lucha contra la pobreza no hace suyas también las luchas antimilitaristas, ecologista o del signo que sea.
No encuentro, a pesar de que la distancia actual es tan grande, razones por las que las alianzas y las complicidades que se deben cruzar (y se entrecruzan en tantos modos y prácticas) se cortocircuitan en tantas ocasiones y nos encontramos con casos anecdóticos como elaborar manifiestos por la paz que piden, desde luego con más buena voluntad que acierto, entre sus reivindicaciones el apoyo al ingreso mínimo vital cuando una de las luchas del movimiento de lucha contra la pobreza es contra la ley del IMV, o como expresiones desde las organizaciones de lucha contra la pobreza que no contemplan las dimensiones ecológica, militarista u otras cualquiera en sus actuaciones.
No veo de qué modo se puede ser activista de la lucha contra la pobreza sin ser a la vez ecologista, o antimilitarista, o feminista, o antirracista, etcétera o, en el mismo sentido, de qué forma se puede ser cualquiera de estas cosas sin ser a su vez anti-aporofobia, o vivir de espaldas a la lucha contra la pobreza y por su erradicación.
En mi criterio el descubrimiento de las perspectivas de lucha intercomunicadas y de tantos vasos comunicantes compartidos de nuestras prácticas y deseos, así como la identificación de enemigos comunes en términos de seguridad humana puede servir a la idea de compartir perspectivas y agendas en términos de defensa social combativa contra los verdaderos enemigos.
Por eso, la perspectiva de la seguridad humana en el contexto del antropoceno puede muy bien ser un camino que tenemos que recorren para hacer de la defensa social el relato que nos permita construir la energía política que otros relatos han ido perdiendo.
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