El Consejo de Seguridad Nacional (CSN), cuyo informe es preceptivo para su aprobación, ha denegado la autorización para la fabricación de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca). El proyecto empresarial de la australiana Berkeley Minera España SL, iniciado en 2013, incluía una mina de uranio a cielo abierto, una planta de fabricación de concentrados de uranio y un almacén de residuos radiactivos, cuya peligrosidad y durabilidad requieren la aprobación del CSN.
La Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, que en su Art.10 dice que no se admitirán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación de minerales radiactivos; ni nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear, ha puesto el punto a este proyecto, la última mina de uranio en Europa. Nos alegramos de ello.
Poner en valor esta lucha ejemplar en el oeste salmantino
Es necesario reconocer y valorar la lucha ciudadana y el trabajo constante de gentes y asociaciones de estos pequeños pueblos de la España vaciada en el oeste salmantino, pueblos con pocas decenas de habitantes, como Boada, Yecla de Yeltes, Retortillo o Villavieja de Yeltes, que han sido capaces de visibilizar el problema, concienciar sobre la peligrosidad del proyecto y movilizar a la sociedad hasta lograr su paralización.
Ya en 2013 se organizó la plataforma Stop Uranio, que inició la denuncia e información sobre los riesgos del proyecto, con mesas informativas en los pueblos, marchas senderistas por la zona mostrando su riqueza paisajista, con sus cientos de encinas centenarias, concentraciones en los pueblos más grandes, como La Fuente de San Esteban o Vitigudino, y extendiendo progresivamente la protesta a las ciudades, con manifestaciones en Ciudad Rodrigo, Cáceres, Madrid o Salamanca.
La organización se fortalece. Se integra la coordinadora “No a la mina de Uranio. Por un mundo rural vivo”. El apoyo de grupos ecologistas como Ecologistas en Acción, Vamos, Greenpeace o el Movimiento Ibérico Antinuclear y otros, elevan la protesta a nivel nacional. Se hacen reclamaciones legales a la empresa y algunos ayuntamientos porque no se solicitan los permisos de obras pertinentes, o porque se ocultan solicitudes para que se pasen los plazos de reclamaciones. Hay notas de prensa, entrevistas y reuniones con concejales, sindicatos, políticos, Se lleva a la Audiencia Nacional, a las Cortes de Castilla y León, al Consejo de Europa.
Presiones de la empresa y el capital.
La empresa no se para. Despliega a sus abogados, trata de comprar a los pueblos que deben dar los permisos de obras, divide a la gente, a las familias, con promesas de empleo y riqueza en una zona despoblada y con altas tasas de paro, emigración juvenil y envejecimiento. Desvía la carretera sin los permisos adecuados. La oferta de empleo divide Retortillo. Dimite el alcalde no favorable al proyecto, y la nueva corporación municipal, con mayoría del PP. abre el pueblo a la empresa. El alcalde le vende los terrenos donde edificar las oficinas. Dos concejales serán contratados en la mina. Arreglan la piscina y otras infraestructuras del pueblo, construyen un parque infantil y biosaludable. Intenta hacer lo mismo en Villavieja, pero su alcalde se niega, lo denuncia y se implica en la protesta contra el proyecto.
La empresa derrocha propaganda en los medios, compra un equipo de futbol de la ciudad, se lleva una etapa de la vuelta ciclista a la zona, hace subvenciones a la Universidad, organiza contramanifestaciones. Contrata como lobista en Bruselas a Manuel Lamela, alto cargo del entonces Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía Miguel Arias Cañete, del PP, quien firma la autorización comunitaria para la mina. En el Gobierno Central es el exministro de Industria, José Manuel Soria, quien da el permiso previo para instalar la planta. La Audiencia Nacional sentencia contra el recurso puesto por Ecologistas en Acción y EQUO.
Informe desfavorable del CSN y Ley del Cambio Climático
Pero el cambio de gobierno en España, con la firma del acuerdo PSOE-U.Podemos para el cambio climático, cambia las perspectivas. El CSN informa al congreso de que ha recibido 5 cartas del entorno de Berkeley y la Junta de Castilla y León con “insinuaciones inapropiadas”, presiones y amenazas de reclamar responsabilidades si no presenta ya su preceptivo informe, antes de que se apruebe la mencionada ley del clima.
Sigue la lucha por un desarrollo rural compatible con un entorno saludable.
Todos los conflictos generan malestar e intereses contrapuestos. La frustración de las legítimas aspiraciones a puestos de trabajo y mejor calidad de vida ha dividido a pueblos y familias y ha hecho daño a la convivencia. La dignidad y categoría ética de una lucha, de un movimiento, se ve en el modo en que sigue afrontando los conflictos generados y buscando soluciones para todos.
En un comunicado posterior, del 15 de julio, la Coordinadora” No a la Mina de Uranio. por un mundo rural vivo” constata que la comarca del Campo Charro queda deprimida como estaba, demográfica y laboralmente, pero entiende que el informe negativo del CSN es “una oportunidad para el desarrollo”, y plantea la creación de un ente entre las administraciones, Gobierno, Junta de C y L, Diputación, organismos locales, basado en potenciar los recursos endógenos e incentivar nuevas actividades compatibles con el medio rural y la salud, y reclaman los fondos excepcionales de la U.E. para financiar esos proyectos.
Comunicado de la Plataforma Stop Uranio
Stop Uranio Plataforma del Campo Charro
Desde la Plataforma Stop Uranio celebramos enormemente que el Consejo de Seguridad Nuclear haya dado carpetazo definitivo al proyecto radiactivo de Berkeley Minera en Salamanca. Tras la propuesta de apreciación desfavorable emitida por el Pleno del CSN de hoy lunes 12 de julio, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no le queda otra que denegar la Autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio de Retortillo.
Tras una década de movilizaciones vemos la luz al final del túnel, con una decisión fundamentada en criterios técnicos, por las elevadas incertidumbres y escasa fiabilidad de la empresa, cuando nos podíamos haber ahorrado sufrimiento y 2000 encinas centenarias si hubiera habido más determinación en defender el territorio ante proyectos dañinos para nuestra tierra.
El castillo de papel construido por Berkeley en torno a la posibilidad de extraer uranio en Salamanca ya estaba muy tocado desde hace tiempo, corroborado por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohíbe la “Investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos”, con lo que el conjunto de lo que Berkeley ha llamado Mina Salamanca se había desmoronado ante la imposibilidad de abrir nuevas minas en nuestra provincia.
La especulación que ha rodeado todo lo relacionado con Retortillo ha llegado hasta la semana pasada, en la que ha tenido un volumen de negociación en el precio de sus acciones inédito en este año 2021 ante la inminente decisión del CSN. Durante los tres años que ha cotizado Berkeley en la Bolsa española ha sido un continuo sube y baja para que avispados inversores se lleven un pingüe beneficio a costa de incautos que se han creído a pie juntillas lo que transmitía la empresa minera a través de sus medios de comunicación afines.
Las consecuencias de este negocio especulativo la hemos pagado las personas que habitamos en el entorno de Retortillo, con enfrentamientos personales que tardarán tiempo en cicatrizar, y las encinas centenarias que taló Berkeley entre 2016 y 2017 con el único objetivo de atraer inversores a su proyecto.
Ahora ya tenemos más claro nuestro futuro. Muchas personas habían postergado decisiones sobre su vida o sus negocios a consecuencia de estar pendientes de si finalmente tendríamos que soportar unas instalaciones radiactivas, consideradas de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear, cerca de nuestras casas. Tras la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear ya podemos decidir sobre nuestro futuro sin tener esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
Es de esperar que Berkeley no dé su brazo a torcer alegremente y plantee recursos en vía administrativa o judicial, pero evidentemente su tiempo ha pasado. Lo mejor que puede hacer la empresa minera es devolver a los ganaderos todo el terreno que había comprado y que ya no va a necesitar para construir la mina y planta de Retortillo.